La economía desde la izquierda: una mirada sobre Argentina[1]
Claudio Katz[2]
Recibido: 17 de mayo de 2014
Aceptado: 13 de agosto de 2014
La economía argentina transita por un peligroso desfiladero de alta inflación, demanda de dólares, desplome de reservas y déficit fiscal solventado con emisión. Estos desequilibrios despiertan recuerdos de las repetidas debacles que sufrió el país, pero hasta ahora el nivel de endeudamiento privado, el grado de solvencia de los bancos y los precios de las exportaciones se mantienen estabilizados. Incluso están llegando fondos internacionales para adquirir empresas, en un clima de euforia bursátil con los grandes negocios de los próximos años.
Esta disparidad de escenarios convive con el giro político que introdujo la derrota electoral del kircherismo. El ocaso del proyecto reeleccionista ha reducido la autoridad presidencial y varios gobernadores e intendentes se disputan la sucesión. Cristina optó por un cambio de gabinete, entregó la cabeza de Moreno y le otorgó mando al cacique justicialista Capitanich para timonear la llegada al 2015. El gobierno se propone aguantar durante dos años las agudas tensiones de la economía para traspasarle el ajuste a su sucesor.
Pero el establishment no acepta ese gradualismo. Exige una gran devaluación inmediata, severos recortes del gasto social y un brutal achatamiento de los salarios. Plantea estas exigencias con mensajes de advertencia para que “Cristina termine bien su mandato”. El termómetro de esta pulseada es el comportamiento de las reservas. Al ritmo actual de desplome la estrategia del gobierno no es viable.
1) Dólares y déficit fiscal
La corrida hacia el dólar es la arista más explosiva de la coyuntura actual. En dos años la cotización oficial de la divisa saltó de 4 a 6 pesos y ya supera los 10 en el mercado paralelo. El gobierno ha intentado contrarrestar esta demanda vendiendo reservas, pero generó una hemorragia que reduce peligrosamente el respaldo de los pesos en circulación.
Los neoliberales atribuyen este descalabro a la instauración del despótico “cepo”. Pero olvidan que el control sobre las divisas fue instaurado en forma defensiva, repitiendo la reacción que tuvieron incontables gobiernos, para detener presiones devaluatorias que siempre desembocaron en mayor inflación y recesión. Como Argentina no fabrica los dólares que utiliza para solventar sus compras externas, necesita algún tipo de regulación cuando las divisas comienzan a escasear.
Otro flanco crítico de la coyuntura actual es el déficit fiscal que se aproxima al 3% del PBI. El gobierno ensayará una reducción moderada de este bache hasta el fin de su mandato. El presupuesto dibujado que aprobó el Parlamente le asegura el control del ejercicio, pero no la financiación del agujero fiscal.
Kicillof intentará algunos recortes para calmar las presiones del establishment. Seguramente retomará el programa de la “sintonía fina” que Cristina abandonó luego de la tragedia de Once. Este plan incluye podas en los subsidios al transporte y la energía que encarecerán los servicios.
Los funcionarios presentarán el incremento de las tarifas como una penalidad limitada a los sectores enriquecidos. Pero el corte de subsidios para esas minorías ya empezó y no alcanza para equilibrar las cuentas del Estado. Afirmarán que el ajuste es equitativo, puesto que excluye a los beneficiarios de planes sociales. ¿Pero acaso el grueso de la población trabajadora constituye un sector privilegiado?
2) Las causas de la inflación
Es evidente que la inflación es el problema más acuciante de la economía. Ya se acumulan seis años con promedios que superan ampliamente la media global o latinoamericana. La aceleración de los últimos meses tiende a situarla por encima del 25% y a diferencia del 2008-09 los incrementos no decaen en las coyunturas recesivas.
El mamarracho del INDEC terminó afectando la gestión cotidiana de las empresas, que necesitan estadísticas creíbles para evaluar la inversión y la rentabilidad. Los funcionarios que reemplazan a Moreno han optado por reconocer las “variaciones de precios”, pero sin esclarecer cual es la tasa de inflación reinante.
Con otro lenguaje y otros modales, el nuevo equipo económico seguirá intentado limitar la carestía, mediante acuerdos de precios con las grandes empresas. Estos convenios fracasaban al principio y ni siquiera llegaron a implementarse últimamente. Kicillof ha sugerido que extenderá las negociaciones a una evaluación de toda “la cadena de valor”. Pero esta acción requeriría por lo menos cierta disposición a aplicar las sanciones previstas por la ley de abastecimiento. Y este endurecimiento no sería compatible con el giro “amigable hacia los negocios” que se está ensayando. Mientras se define el nuevo esquema las empresas remarcan a toda velocidad.
Al presentar la inflación como un resultado de la “puja distributiva”, los economistas K suponen que su impacto final es neutro para los trabajadores agremiados. Pero omiten que los empresarios y los asalariados no participan en igualdad de condiciones en esa disputa. Los capitalistas aumentan primero los precios y los trabajadores deben atenuar posteriormente ese impacto. Esta inequidad se reforzará con la tendencia a inducir un techo de los salarios en la negociación de un Pacto Social. Estas conversaciones ya han comenzado con la burocracia sindical e implican instaurar una “política antiinflacionaria” a costa de los salarios.
Los capitalistas recurren a la inflación cuando enfrentan obstrucciones a la generación corriente del lucro. Estos obstáculos reaparecen periódicamente en la economía argentina bajo distintas modalidades. El reducido nivel de inversión frente a una demanda recompuesta determinó inicialmente la actual oleada inflacionaria. La recuperación del nivel de actividad y el consumo no fue seguida desde el 2007 por la correspondiente renovación de la maquinaria.
Ese cuello de botella se reforzó con el manejo concentrado de numerosos sectores. La remarcación permitió mantener la rentabilidad con baja inversión, una vez disipada la capacidad ociosa. Este retrato de la “inflación por oligopolio” ha sido objetado por los intérpretes de la carestía por “puja distributiva”. Argumentan que en otros países la misma concentración del capital no se traduce en inflación.
Pero tampoco la disputa social por el ingreso genera allí el mismo incremento de los precios. En otras economías desequilibrios equivalentes desembocan en otro tipo de tensiones, porque el recurso inflacionario no está tan incorporado al manejo de los negocios. Por simple experiencia los capitalistas argentinos apelan a la remarcación como primer reaseguro de sus ganancias.
Los rebrotes inflacionarios obedecen, además, a la preeminencia de una estructura exportadora de alimentos, que encarece el consumo local al compás de la valorización internacional. Para contrarrestar este efecto se instalaron hace décadas las cuestionadas retenciones. Cuando el país vendía trigo y carne el impacto de esa “inflación por exportaciones” era muy visible. En la actualidad rige el mismo efecto a través de la apreciación de la soja, que opera como referencia de rentabilidad mínima para cualquier otra actividad agropecuaria.
La inflación se intensificó adicionalmente en los últimos dos años por la decisión oficial de sostener el consumo a través de una intensa emisión. Este ritmo de creación de moneda quedó divorciado del respaldo en divisas y del volumen requerido para la producción. Los neoliberales despotrican contra esta emisión para culpabilizar al gobierno, oscureciendo la responsabilidad primaria de los capitalistas. Promueven un corte abrupto del abastecimiento monetario que deprimiría la economía.
3) Explicaciones y fantasías
Muchos kirchneristas suelen atribuir los desajustes en curso a la crisis mundial. Afirman que el modelo permitió contrarrestar el temblor global, pero sin neutralizar todos sus efectos. Establecen comparaciones con Europa y remarcan las virtudes del crecimiento nacional frente al resto de Sudamérica.
Pero la crisis iniciada en el 2008 impactó de forma muy diferente a cada región o país. Basta comparar la prosperidad de China con el derrumbe de Grecia para notar esas disparidades. El contraste que se establece entre Argentina y Europa del Sur no tiene sentido, puesto que nosotros atravesamos en el 2001 lo que ellos padecen en la actualidad. Los ciclos de prosperidad y depresión global no están sincronizados.
Ciertamente el divorcio del mercado financiero internacional y la prioridad asignada al consumo, diferencian al modelo K de la apertura neoliberal imperante en otros países de Sudamérica. Pero el impacto de la crisis global ha sido limitado y semejante en ambos casos, dada la afluencia de divisas común que generó la apreciación de las exportaciones. Para atribuir los desequilibrios de la economía argentina al temblor externo hay que olvidarse de los precios récord de la soja. La suma de ingresos por agro-exportaciones durante la última década superó en cinco veces al promedio de los 90 y en diez veces la media de los 80.
Por su parte, los neoliberales despotrican contra el “estatismo kirchnerista”. Afirman que este gobierno “nos ha hecho perder las oportunidades que aprovecharon nuestros vecinos”. Pero los elegidos para esta comparación cambian cada semestre. Como ya se les pasó la euforia con las privatizaciones de España o Irlanda, ahora elogian a Perú o Chile, exhibiendo sesgados indicadores de crecimiento o inversión. Nunca hablan de la vulnerabilidad financiera que afrontan todos los modelos abiertos al ingreso y salida de capitales especulativos. Tampoco mencionan la dramática primarización que sufren las economías minero-exportadoras.
4) Límites y fallidos
Bajo la gestión kirchnerista se ha puesto de relieve los límites de un intento neo-desarrollista. Este ensayo introdujo cambios en la política económica, en los equilibrios entre las clases dominantes y en las modalidades de la regulación estatal, pero terminó generando inflación, tensión cambiaria y déficit fiscal. Una vez alcanzados los techos de la recuperación salarial, se afianzó la desigualdad social y la inserción internacional del país como exportador de soja.
El modelo se distanció de la ortodoxia neoliberal, pero sin incluir medidas que permitieron comenzar la redistribución real del ingreso y el cambio de la matriz productiva. Al cabo de una década el neo-desarrollismo tambalea.
Esta asfixia obedece, en primer lugar, a la incapacidad política que demostró el gobierno para incrementar la apropiación estatal de la renta sojera. Pretendió aumentar la absorción de ese excedente subiendo las retenciones, pero fue derrotado en la confrontación del 2008 y abandonó la batalla. Ese desenlace marcó un punto de inflexión. No le impidió al kirchnerismo preservar (y recrear) su hegemonía política, pero le quitó al Estado los recursos requeridos para la reindustrialización. Una vez agotada la recuperación pos-2001, el PBI mantuvo varios picos de ascenso, pero los motores estratégicos del desarrollo se apagaron.
Argentina es una economía agro-exportadora asentada en la extraordinaria fertilidad de la tierra. Este ventajoso acervo de recursos naturales constituye una maldición bajo el capitalismo, puesto que establece un alto piso de renta comparativa para cualquier otra inversión. Ninguna actividad ofrece un nivel de rendimiento semejante al agro.
Esta preeminencia de la agro-exportación genera, además, una fuerte afluencia de dólares que socava la estabilidad cambiaria. Esa oferta encarece la producción local y recrea las quejas empresarias contra la “vigencia de una paridad semejante a la convertibilidad”. Estos desequilibrios estructurales volvieron a descolocar a la política económica y han impuesto el terrible correctivo devaluatorio en curso.
5) Decepciones y desequilibrios
Pero el kirchnerismo no ha fallado sólo por renunciar a la apropiación estatal de la renta agro-exportadora. También apostó al comportamiento productivo de la burguesía, olvidando los reflejos que ha desarrollado este sector para fugar capitales, remarcar precios y desinvertir. Las expectativas que todos los gobiernos depositaron en esa franja, siempre concluyeron en estruendosas decepciones.
La frustración actual del kirchnerismo es proporcional a las expectativas depositadas en la burguesía local. Néstor y Cristina ponderaron a ese sector y lo beneficiaron con cuantiosos recursos del Estado, esperando como contrapartida mayores inversiones. Pero esos subsidios volvieron a engrosar el patrimonio de los amigos del poder, sin ningún rédito productivo para la economía.
Cada vez que este uso parasitario salió a la superficie, el gobierno reemplazó a un favorecido por otro. Cambiaron a Cirigliano por Roggio en el ferrocarril, a Eskenazi por Bridas en el petróleo, a Báez por Cristóbal López en la obra pública, a Pérez Companc por Eurnekian en distintos emprendimientos. Todos los grupos favorecidos aumentaron su riqueza a costa del erario público y protegieron su dinero en el exterior.
La burguesía local participó de todos los negocios rentables que le ofreció el kirchnerismo y se retiró cuando debía aportar capital propio. El ingreso y la salida de los Eskenazi de Repsol es un ejemplo de este patrón de conducta, que se repite en la telefonía. En lugar de “enterrar capital” en inversiones de largo plazo han preferido asociarse con negocios de alta rentabilidad inmediata. Con esta conducta participaron de las privatizaciones en los 90 y ahora observan con atención el regreso de los fondos de inversión, al lucrativo negocio de reestructurar empresas.
Transcurrida una década es evidente, además, que las tensiones afrontadas por el modelo no son coyunturales, ni obedecen a la impericia. Son desequilibrios estructurales de un esquema que no modificó los pilares de una economía dependiente con gran desigualdad social. En numerosos terrenos estratégicos estas contradicciones se acentúan día a día
6) ¿Reindustrialización?
Los economistas del kirchnerismo reconocen la continuada gravitación de la agro-exportación, pero afirman que la reindustrialización ha sido el dato descollante de la última década. Contraponen este avance con la liberalización financiera de los 90 y estiman que Argentina ha sido el único país de la región que evitó la primarización.
Pero esta caracterización se basa en una repetida comparación con la depresión del 2001. Como pocas economías padecieron un colapso tan agudo, resulta muy sencillo demostrar la inédita envergadura de la recuperación fabril que tuvo Argentina.
Lo ocurrido simplemente ratifica que un derrumbe mayúsculo tiende a ser sucedido por una recomposición significativa. Una vez repuestos los niveles tradicionales de producción y empleo, quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado. Por eso reapareció la elevada importación de insumos y la escasez de divisas para solventarlos. El déficit comercial del sector se expandió al compás de crecientes compras externas de bienes y equipos.
La recuperación cíclica de la última década reforzó, además, la concentración y extranjerización de la industria. Como se mantuvo una ley de inversiones extranjeras que otorga total libertad para remitir utilidades, las ganancias fueron inmediatamente giradas a las casas matrices.
Las empresas trasnacionales controlan el grueso de la actividad industrial y no realizan transferencias de tecnologías. Como el mercado argentino es marginal a sus estrategias globales, el nivel de reinversión local o creación de empleo son muy bajos. En esta articulación con el mercado externo, la rentabilidad depende mucho del costo salarial y del tipo de cambio. Por eso las empresas acompañan todos los pedidos de ajuste cambiario.
El contraste entre el boom automotriz y el desplome del sistema ferroviario retrata hasta qué punto están invertidas las prioridades del desarrollo. El excedente de vehículos convive con la secuencia de tragedias anunciadas que se registra en las vías. Se privilegió el negocio automotor, mientras se convalidaba el “ferrocidio” iniciado por el menemismo, con el desmantelamiento de 37 talleres, 800 pueblos y el 80% de los servicios. Esta devastación produjo más accidentes desde la privatización que en toda la historia previa del sistema.
La desarticulación del transporte retrata el estancamiento de una reindustrialización, que se encuentra adicionalmente bloqueada por la consolidación de un sistema financiero pro-consumo y anti-inversión. Las pocas regulaciones heterodoxas que se introdujeron para ordenar el mercado de capitales o actualizar la Carta Orgánica del BCRA, no alteraron la carencia de préstamos de largo plazo. Sólo multiplicaron la liquidez que manejan los bancos para motorizar la demanda.
7) Áreas prioritarias
Existen numerosas causas estructurales del problema, pero no hay corrección posible del perfil del comercio exterior si no se contiene de inmediato el derrumbe de las reservas. Los neoliberales prometen resolver el problema “recuperando la confianza”. Pero no aclaran que esa seguridad de los capitalistas se nutre siempre de agresiones contra los trabajadores.
En este terreno el gobierno continúa experimentando todas las alternativas. Un día aumenta los controles y al otro los alivia. Pero ya comparte implícitamente los cuestionamientos de la derecha al “cepo” y trabaja para su eliminación futura. Esta política contradice la necesidad de un control de cambios eficaz, que actué sobre los peces gordos y no sobre el pequeño ahorrista o viajero. Este tipo de acciones efectivas nunca fueron instrumentadas por el kirchnerismo. En lugar de forjar un sistema protección de divisas para actividades prioritarias armó un barroco dispositivo de medidas inútiles.
El colmo de estas contradicciones ha sido el orgulloso pago de la deuda con reservas del Banco Central. Han rifado el principal resguardo de la economía para exhibirse como “pagadores seriales”. Este absurdo comportamiento se explica por la expectativa en una respuesta amigable del mercado. El kirchnerismo ha supuesto que los banqueros reingresarían las divisas que les entregaban los funcionarios. La misma ilusión tuvieron todos los presidentes del pasado.
La deuda que puntalmente se abona con fondos públicos es un viejo producto reestructurado de múltiples canjes, cuya legitimidad jamás fue investigada. Es indispensable suspender esos pagos, para distinguir los compromisos genuinos de las simples estafas.
Los dólares faltantes se encuentran en manos de grandes grupos que han difundido una imagen de omnipotencia. Han generalizado la impresión que nadie puede actuar sobre ellos. Pero se olvidan de los recursos que maneja el estado para imponer el reingreso de las divisas al circuito formal. En lugar de re-endeudar al país sería necesario transparentar el dinero de quiénes localizan sus patrimonios y desenvuelven sus actividades en Argentina.
La principal fuente de recaudación del dinero que necesita el Estado debe provenir de la reforma impositiva progresiva, que tantas veces se ha discutido y nunca se implementó. Hay incontables propuestas para gravar la renta financiera o agro-exportadora, el juego y las actividades minero-extractivas. Existen también detallados proyectos para reintroducir los aportes patronales en la previsión social.
Estas propuestas de acción inmediata de la izquierda sobre la inflación, el dólar, la deuda y el sistema impositivo constituyen el punto de partida para comenzar a remediar los problemas estructurales de la economía.
8) Reorganización productiva
El control estatal sobre las divisas es imprescindible para superar el status agroexportador de Argentina. No alcanza con subir retenciones o incrementar la supervisión sobre las exportaciones. Se necesita introducir el monopolio estatal del comercio exterior, para gestionar de manera unificada las operaciones que generan y consumen dólares. Esa entidad podría suscribir distintos contratos, pero debería asegurar la comercialización centralizada de las divisas.
Otras instituciones que ya existieron en el pasado -como la Junta Nacional de Granos o el IAPI- podrían complementar esta labor, para negociar los precios y financiar la siembra y la cosecha. Esas entidades permitirían, además, desvincular los precios locales de las cotizaciones internacionales y contribuirían a contrarrestar la inflación por exportación de alimentos.
Esos instrumentos son insoslayables para cortar la especulación cambiaria y la facturación tramposa de mercancías. Mediante la apropiación plena de la renta comenzaría la desprivatización de un ingreso que pertenece a todo el país y se abriría un camino para desactivar la maldición de los recursos naturales.
El segundo pilar de la reorganización económica es la constitución de un sistema financiero que permita canalizar el crédito hacia las actividades prioritarias. Sin control estatal sobre ese reparto, los préstamos continuarán guiados por principios de rentabilidad divorciados de las necesidades populares. Una gestión pública genuina necesita, además, la nacionalización de los bancos o el control de los depósitos, para apuntalar la construcción masiva de viviendas populares, obras de infraestructura, hospitales y escuelas.
La reorganización crediticia contribuiría, además, a consolidar las prioridades de la reindustrialización. Aunque los economistas kirchneristas pregonan la regulación estatal, en los hechos dejaron librado el devenir de la industria al patrón mercantil. La intervención indirecta sobre las empresas a través de los paquetes accionarios del ANSES no alteró esa primacía.
Varios sectores deberían transformarse en prioridad industrial. La reconstrucción de los ferrocarriles podría servir como cimiento de ese proyecto, a partir de la nacionalización del sistema bajo control de los trabajadores y los usuarios. En este terreno habría que desplegar un plan antitético a todo realizado por el gobierno.
9) Horizonte socialista
El punto más crítico de cualquier proyecto de largo plazo se ubica en la esfera energética. Con el ritmo actual de importaciones no hay forma de sostener un crecimiento sostenido. La nacionalización integral del sector es tan urgente como la conversión de YPF en una empresa plenamente estatal.
Los distintos contratos de exploración deben renegociarse a partir de esa nueva estructura, priorizando las alianzas estratégicas con compañías de la región. El anillo energético sudamericano que promovía Chávez debe ser retomado como una meta zonal. Al igual que la renta agro-sojera, el petróleo y el gas son recursos que debe manejar la nación, poniendo fin al régimen de propiedad provincial que instauró el menemismo.
Hay que abordar este problema con sumo cuidado y sabiendo que Argentina necesita petróleo. Con un tercio de la población bajo la pobreza y una economía ubicada en la periferia del planeta, el país no puede darse el lujo de “decrecer”, ni “retornar a la naturaleza”.
Nuestro país tiene un consumo energético por habitante que supera el promedio mundial, para una estructura productiva que se ubica a años luz de la frontera tecnológica. Una reorganización en este plano es tan indispensable, como la reconsideración de viejas alternativas (nuclear e hidroeléctrica) y la exploración de la opción eólica y solar. Sólo por el momento estas últimas variantes presentan graves problemas de discontinuidad e inviabilidad económica.
En cualquier caso un proyecto productivo implica llevar a cabo lo prometido y nunca realizado por los economistas K. Su principal desacierto ha sido apostar a la renovación del capitalismo, en lugar de bregar por la erradicación de este sistema. Aquí estriba en última instancia la principal diferencia con la izquierda, que promueve desarrollar la economía junto a una reducción simultánea de la desigualdad social. Como estas dos metas son inalcanzables bajo el capitalismo, un futuro de prosperidad y justicia exige bregar por la transición socialista. Durante la última década el neo-desarrollismo fue contrapuesto al neoliberalismo como la única opción en juego. Ahora debemos concebir otra posibilidad.
[1] Una versión más extensa de este texto fue presentado al Taller-debate sobre la situación económica y sus perspectivas organizado por Economistas de Izquierda en Buenos Aires en Noviembre de 2013. Esa versión consultarse en http://katz.lahaine.org/ “La Economía desde la Izquierda I (Coyuntura y ciclo) y II (Modelo y propuestas).
[2] UBA y CONICET. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).