165
1- ELA es una organización feminista y apartidaria creada en el año 2003 en la Argenti-
na, que trabaja promoviendo la igualdad de género y el ejercicio de los derechos de niñas,
adolescentes y mujeres en toda su diversidad a través del acceso a la justicia y las políticas
públicas. Ver https://ela.org.ar/
2- La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organización apartidaria, sin fines de
lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la socie-
dad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Ver https://acij.org.ar/
Políticas públicas y género: un ajuste que profundiza
las desigualdades
Julieta Izcurdia
Directora del Área Jurídica ELA1
jizcurdia@ela.org.ar
Delfina Schenone Sienra
Directora del Área de Políticas ELA
dschenone@ela.org.ar
Fecha de recepción: 21 de diciembre de 2024
Fecha de aprobación: 30 de diciembre de 2024
Introducción
Este artículo sintetiza el trabajo de monitoreo que realizamos en 2024
desde ELA, en conjunto con ACIJ2, sobre las políticas públicas naciona-
les orientadas a reducir las desigualdades de género (ACIJ & ELA, 2024a;
2024b; 2024c; 2024d; 2024e; ACIJ & ELA et al., 2024a; 2024b), especial-
mente aquellas destinadas a prevenir y atender las situaciones de violencia
de género, así como las relativas a garantizar los derechos sexuales, repro-
ductivos y no reproductivos.
En todas las políticas analizadas observamos un severo desguace. Por
ejemplo, el programa Acompañar, de acompañamiento económico y psico-
social a mujeres en situaciones de alto riesgo de violencia de género, perdió
el 90% de sus recursos reales con respecto a 2023; el Plan Nacional de Pre-
vención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), el 80%, y
Año 11. Nº 21. Enero 2025
166
la inversión en jardines infantiles el 80% (ACIJ, 2024a). Para 2025, muchos
programas dejarán de tener presupuesto (ACIJ & ELA, 2024e). Junto con la
desarticulación de áreas programáticas, encontramos que gran parte de la
información que se publicaba hasta 2023 ya no está disponible en los sitios
oficiales. También se dejaron de publicar datos actualizados sobre Presu-
puesto con Perspectiva de Género (PPG)3, una herramienta creada hace seis
años que ha permitido mejorar y hacer más eficiente el proceso de formula-
ción y control presupuestario.
Estudios feministas han demostrado que las medidas de austeridad fiscal
no son neutras en términos de género, sino que tienden a reforzar las des-
igualdades (Laterra, Eliosoff y Constantino, 2021; Jubeto Ruiz, 2008; Rodrí-
guez Enríquez, 2008). Por esta razón, no solo importan los retrocesos en las
políticas aquí analizadas, sino también aquellos que recaen sobre políticas
que se presentan como “neutrales al género”. Por ejemplo, la reducción del
gasto en educación o en salud pública tendrá impacto en las y los usuarios
directos de escuelas u hospitales, pero también tendrá un efecto sobre las
familias que deberán absorber una mayor carga de cuidados de las niñeces,
personas mayores y personas con discapacidad, siendo las mujeres las más
afectadas por esta sobrecarga. Ello se debe a que, al interior de los hogares,
las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas recaen principalmente
sobre las mujeres: en la Argentina dedican, en promedio, el doble de tiempo
por día que los varones y destinan entre 4 a 10 horas promedio por día a es-
tas tareas (ENUT 2021-INDEC).
1. Aclaraciones metodológicas
Los datos de 2024 y de años anteriores fueron extraídos del sitio oficial de
la Oficina Nacional de Presupuesto4. Los datos de 2025 se tomaron del Pro-
yecto de Ley de Presupuesto5 y las metas físicas de las Cuentas de Inversión
anuales6.
Para hacer comparables los valores, se considera la inflación estimada en
el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 (18%), significativamente menor a la
calculada por la mayoría de especialistas y consultoras privadas. Las proyec-
ciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (BCRA, 2024) estiman
un 38% de inflación para 2025. Esto implica que, si los aumentos de precios
3- Ver https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/analisis-transversal-genero
4- Ver https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos
5- Disponible en https://www2.hcdn.gob.ar/secparl/dsecretaria/s_t_parlamentario/2024/
tp_139.html
6- Ver https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentainversion
Julieta Izcurdia y Delfina Schenone Sienra
167
en 2025 superan el 18%, las partidas tendrían caídas aún más fuertes que las
que se estiman en este artículo.
La mayoría de las comparaciones se realizan sobre el presupuesto de 2023,
porque sirve como marco de referencia debido a que fue el último aprobado
por el Congreso y marca los niveles de gasto previos a la brusca reducción
que se produjo en 2024, permitiendo dimensionar tanto la magnitud como
los efectos acumulados.
Al hablar de “crédito original” o “crédito inicial”, hacemos referencia al apro-
bado originalmente por el Congreso Nacional según ley anual de presupues-
to o al distribuido en enero producto de la prórroga de un presupuesto previo.
Con “crédito vigente” nos referimos al límite máximo disponible para gastar
en el momento en que se presenta la información. Esto incluye reasignacio-
nes que realiza el Poder Ejecutivo a lo largo del año. El “crédito devengado”
refiere al monto que efectivamente se ha ejecutado en el período en análisis.
2. Políticas de protección de las violencias
La actual gestión de gobierno, al asumir, redujo el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría, creando la Subsecretaría de
Protección Contra la Violencia de Género, primero en el Ministerio de Capital
Humano y luego en el Ministerio de Justicia. En junio de 2024 eliminó este
organismo7 bajo el argumento de que “la violencia no tiene género” (Clarín,
2024). Si bien todas las administraciones nacionales tienen la potestad de
modificar el organigrama del Estado, este hecho vulnera la Ley 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres –que designa un organismo especializado rector encargado del
diseño de las políticas públicas para efectivizar sus disposiciones– y signi-
fica un retroceso institucional de casi cuarenta años. Con el cierre de esta
Subsecretaría, el Estado retrocedió a tiempos previos a 1987, cuando se creó
la primera subsecretaría de la mujer y desandó un camino de avance progre-
sivo que logró en los últimos 37 años.
Programas claves para prevenir la violencia fueron reducidos a su mínima
expresión, con recortes presupuestarios y de personal que los dejan prác-
7- Mediante el Decreto 643/2024 se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de
la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría–, aprobado por el artí-
culo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, a través del cual
se modificó la conformación organizativa del Ministerio de Justicia. Desde entonces, dicho
ministerio ya no cuenta en su conformación con una Subsecretaría específica de protección
contra la violencia de género. Ver: BORA, 18/07/2024. DECTO-2024-643-APN-PTE https://
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/310751/20240719
Políticas públicas y género: un ajuste que profundiza las desigualdades
168
ticamente inoperantes. Uno de ellos es la Línea 144 de atención telefónica,
contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género,
que –entre el primer y el segundo trimestre de 2024– registró una reducción
del 11% en la cantidad de comunicaciones, 4% en la asistencia y 25% en el
seguimiento de casos, al mismo tiempo que redujo su crédito vigente en un
84% con relación a 2023. El recorte incluyó una reducción del 49% en la nó-
mina de personal durante el primer semestre. Esto afectó a la dotación de to-
dos los turnos en los que presta asistencia y, en algunos casos, la reducción
se acerca o incluso supera al 60% de la nómina original. Además, se eliminó
el servicio de videollamada destinado a la atención de personas hipoacúsi-
cas, porque ya no contaba con trabajadoras capacitadas para realizar dicha
tarea (ACIJ & ELA, 2024d).
Otra de las políticas desfinanciadas es el Programa Acompañar, orienta-
do a fortalecer la independencia económica de las mujeres en situación de
violencia y permitir mejores condiciones para romper círculos de violencia
y dependencia hacia el agresor. En 2024, mostró una caída del 82% en la
ejecución interanual y una reducción drástica en su alcance. De las 20.000
altas programadas para el primer trimestre de 2024, solo se realizaron 434,
mientras que en el mismo período de 2023 habían sido 34.023 las personas
asistidas. Ello pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462
solicitudes y que el 54,4% se encontraba con el máximo nivel de riesgo. Se
observa una reducción del 61% del personal dedicado al programa entre junio
y octubre de 2024. Además, se decidió restringir la temporalidad de la pres-
tación y se sumó la existencia de una denuncia como requisito de acceso,
un criterio sumamente regresivo y revictimizante, que expone a las mujeres
a mayores riesgos y desalienta el pedido de asistencia.
En 2023 hubo 250 femicidios en la Argentina y para noviembre de 2024
hubo aproximadamente 243. La mayoría de los femicidios ocurren a manos
de una pareja actual o pasada de las víctimas. En este contexto, el gobierno
impulsó la consolidación de un discurso oficial que legitima la violencia con-
tra mujeres, niñas, adolescentes y LGBTIQ+ y niega las desigualdades es-
tructurales. Esta situación representa un ataque deliberado a los pilares que
sostienen la igualdad y los derechos humanos y fue alertado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia celebrada
en noviembre de 2024. En esa instancia, la CIDH requirió al Poder Ejecutivo
que reconozca la violencia de género e informe qué políticas impulsará para
atenderla (ELA, 2024).
La situación de desprotección relatada no solo vulnera compromisos nor-
mativos locales e internacionales, sino que es contraproducente para el de-
sarrollo económico del país. La evidencia muestra que es veintidós veces
Julieta Izcurdia y Delfina Schenone Sienra
169
mayor el costo de intervenir de manera tardía en los casos de violencia de
género que atender a las mujeres frente a las primeras manifestaciones de
la violencia (ELA, 2023).
3. Políticas de salud sexual y reproductiva
Durante 2024, el gobierno nacional desfinanció y puso en riesgo la conti-
nuidad de programas fundamentales para prevenir situaciones de abuso se-
xual en la infancia (como la Educación Sexual Integral - ESI) y para reducir el
ciclo intergeneracional de la pobreza (como el Plan Nacional de Prevención
del Embarazo no Intencional en la Adolescencia - ENIA).
La Ley 26.150 establece que los y las estudiantes tienen derecho a recibir
ESI en las escuelas de gestión estatal y privada de todo el país. Es una política
fundamental para combatir estereotipos de género, proponer otras formas de
habitar la masculinidad, cuestionar las prácticas violentas, y prevenir y detec-
tar tempranamente situaciones de abuso sexual en las infancias8. A pesar de
la relevancia probada de la ESI, en 2024 tuvo la asignación más baja de los
últimos 7 años –con reducciones que alcanzaron el 70%– y dejará de tener
presupuesto en el Proyecto presentado por el Ejecutivo para 2025.
Destino similar sufrió el Plan ENIA, emblemático por su eficacia en la re-
ducción de embarazos adolescentes y la ruptura del ciclo intergeneracional
de la pobreza, ya que en 5 años de implementación logró reducir en un 50%
la tasa de fecundidad adolescente. La evidencia muestra que el embarazo
en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son
madres: solo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y
19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes
fueron madres en edad adulta completó ese nivel. Asimismo, las mujeres
que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad
laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de
la edad adulta (de 20 a 29 años) (ACIJ & ELA et al., 2024b).
En los primeros meses de 2024, el gobierno nacional despidió a 619 in-
tegrantes de los equipos técnicos del Plan ENIA, redujo el presupuesto en
un 70% y terminó el año con una subejecución de casi el 85% de los fondos
disponibles. Para 2025, se proyecta una caída del 78% respecto de 2023. La
8- Un informe elaborado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires revela que las clases de educación sexual integral permitieron que entre el 70 y 80%
de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas
Especializadas del organismo comprendieran que habían sufrido abuso sexual. Ver https://
mptutelar.gob.ar/la-esi-permiti%C3%B3-que-el-80-por-ciento-de-los-ni%C3%B1os-y-ni%-
C3%B1as-abusados-pudieran-contarlo
Políticas públicas y género: un ajuste que profundiza las desigualdades
170
subejecución del Plan ENIA ha ocasionado faltantes de insumos médicos
para la implementación de la Ley de Interrupción Legal y Voluntaria del Em-
barazo, y de métodos anticonceptivos en muchas provincias.
Al igual que con las violencias por razones de género, la decisión de no pre-
venir esta problemática implica altos costos para el Estado: según datos del
Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, 2020) cuesta U$S200
millones afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y par-
tos no deseados en adolescentes, frente a U$S 17,7 millones que cuesta el
Plan ENIA.
4. Un presupuesto inflexible y discrecional
El Proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para 2025
prevé una regla fiscal que dispone el déficit cero, obligando al Estado a no
gastar más de lo que recauda. Esta iniciativa prevé un fuerte ajuste del gasto,
independientemente de los ingresos.
Más allá de la discusión sobre el equilibrio fiscal, lo preocupante es la des-
igualdad en el esfuerzo exigido a diferentes sectores. Una regla fiscal que
impone de manera indiscriminada techos de gastos compromete la obliga-
ción del Estado de tomar medidas tendientes a asegurar el acceso progresi-
vo a derechos fundamentales, así como la posibilidad de respuesta estatal
ante situaciones de emergencias.
La regla fiscal, junto con la probable subestimación de las proyecciones
macroeconómicas y el ajuste fiscal iniciado en 2024, conforman una combi-
nación preocupante para los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+.
Una de las dimensiones más preocupantes es el techo de gasto que impone
a las partidas no indexadas9, aquellas que no cuentan con una ley o disposi-
ción específica que garantice su financiamiento. La mayoría de las partidas
aquí analizadas se encuentran en el grupo de las no indexadas, convirtién-
dolas en un blanco fácil de licuación si la inflación real supera las estimacio-
nes previstas.
Ante la falta de acuerdos en el Congreso sobre el proyecto de presupuesto
2025, se acrecientan las posibilidades de que se dé una segunda prórroga
consecutiva del presupuesto 2023, algo inédito desde el retorno de la de-
mocracia.
Las prórrogas deberían ser un recurso excepcional, pero su aplicación se
ha vuelto frecuente y esta situación resulta preocupante por la discrecio-
nalidad que le otorga al Poder Ejecutivo en la definición de la hoja de ruta
9- En 2021 un 63,6% del gasto total estaba indexado (OPC, 2021).
Julieta Izcurdia y Delfina Schenone Sienra
171
estatal (ACIJ, 2024a). Esa discrecionalidad se agrava aún más en contextos
de inflación, porque exigen continuas actualizaciones de los montos presu-
puestarios.
El uso de presupuestos prorrogados anula el proceso deliberativo que de-
bería suceder en el Congreso y debilita gravemente la función del Poder
Legislativo, fortaleciendo la concentración de poder en el Ejecutivo y re-
duciendo los incentivos para adherirse a la lógica democrática del debate
legislativo.
Reflexiones finales
Las estadísticas del primer año de gobierno de Milei son alarmantes. La
pobreza alcanzó al 52,9% de la población –11 puntos porcentuales más que
en el segundo semestre de 2023– y, de esa población, 6 de cada 10 son mu-
jeres. El desempleo pasó del 6,2% al 7,6% –del segundo trimestre del 2023
al segundo trimestre de 2024–, pero las mujeres y los hogares encabezados
por ellas se llevaron la peor parte. El desempleo en las mujeres llegó a 8,4%,
mientras que en los varones fue de 7%.
El 13 de agosto, UNICEF (2024) informó que 1 millón de niños y niñas en
la Argentina se van a dormir sin comer y que 1,5 millones se saltean algu-
na comida porque sus padres y/o madres no pueden comprarla. Más que
números, son historias concretas de quienes sufren las consecuencias de
estas políticas.
A esto se suma el recorte a jubilaciones y el anuncio de la eliminación de
las moratorias. En agosto, el Senado había aprobado una modificación de
la movilidad jubilatoria que mejoraba levemente los ingresos, pero Milei la
vetó: el 63% de los jubilados son mujeres. En octubre, el Gobierno anunció
que no habrá prórroga de la moratoria previsional que vence en marzo de
2025, lo cual tiene un impacto significativo en las desigualdades de género:
el 73,5% de las personas que acceden a una jubilación gracias a la moratoria
son mujeres10.
10- Las mujeres en general tienen menos años de aportes al sistema jubilatorio que los
varones porque a lo largo de la vida tienen trayectorias laborales distintas: muchas mujeres
dedican su vida entera a cuidar de sus hijos, de sus familiares, de sus hogares sin trabajar de
forma remunerada. Muchas otras tienen trayectorias interrumpidas o cambian trabajos de
tiempo completo por otros de medio tiempo o por horas para poder compatibilizar con las
responsabilidades de cuidado. En muchos casos, esta decisión implica hacer menos aportes
o dejar de aportar directamente. Y un tercer grupo, trabaja de manera informal, como es el
caso de las trabajadoras de casas particulares donde 7 de cada 10 no está registrada. Estas
desigualdades a lo largo de la vida activa determinan una desigualdad económica y de se-
guridad social durante la vejez.
Políticas públicas y género: un ajuste que profundiza las desigualdades
172
No debe pasar inadvertido que, al mismo tiempo que se profundizan las
desigualdades socioeconómicas, los discursos oficiales deslegitiman las pro-
puestas y reclamos feministas como parte de su “batalla cultural”. Desde ca-
lificativos como “agenda sangrienta del aborto” en el Foro de Davos hasta el
rechazo de compromisos internacionales en miras a la protección de las vio-
lencias en la ONU y en la OEA, las declaraciones del presidente y su gabinete
refuerzan narrativas que buscan excluir, desmovilizar y generar una sensación
de “batalla perdida”. Sin embargo, como hemos podido ver en este artículo, no
estamos solo frente a una batalla discursiva, sino que estos discursos tienen
un correlato directo en la asignación de recursos y prioridades. Lo que para el
gobierno y adherentes es una batalla cultural, para las mujeres y diversidades
representa nada menos que la posibilidad de vivir una vida digna.
Hay un sinfín de ejemplos que nos permiten confirmar, después de un año de
gestión, que la “casta” tan nombrada en la campaña electoral no eran los po-
líticos corruptos ni los privados funcionales a la corrupción. Muy por el contra-
rio, el concepto de casta que este gobierno ha construido tiene un contenido
bastante diferente e incluye a los sectores que más requieren de la presencia
de un Estado que el presidente quiere destruir.
Paradójicamente, el desmantelamiento de políticas públicas se impulsó en
paralelo a la aprobación de un régimen impositivo que beneficia a sectores
concentrados de la economía y que consolida privilegios fiscales por los cua-
les el Estado dejará de percibir miles de millones de pesos. Por ejemplo, se
sostuvo el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que in-
cluye beneficios para grandes empresas que ya no lo requieren para despegar
económicamente y equivale a casi 50 veces lo que se destinó en 2023 para
fortalecer a la Línea 144. Como este régimen, se han mantenido y reforzado
otros gastos tributarios que, por las condiciones de opacidad en las que ope-
ran, se otorgan sin la publicidad suficiente para evaluar su eficacia y son pro-
clives a la corrupción.
El debate sobre el equilibrio fiscal y el ajuste presupuestario no es solo téc-
nico o contable, sino de distribución de los recursos y del poder. El problema
no pareciera ser la falta de recursos, sino una injusta priorización en el uso
de esos fondos. De hecho, desde 2018, organismos de protección de dere-
chos humanos e instituciones financieras internacionales (CDESC, 2018; ACIJ,
2024b) han instado a la Argentina a fortalecer la capacidad redistributiva del
sistema fiscal haciendo más progresivo el aporte de los sectores de altos in-
gresos y eliminando gastos tributarios injustificados.
Si bien hay espacio fiscal para contar con una asignación de recursos más
justa y equitativa, está claro que se trata de una cuestión de prioridades que
pareciera no importar a una porción significativa de nuestro arco político.
Julieta Izcurdia y Delfina Schenone Sienra
173
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Julieta Izcurdia y Delfina Schenone Sienra