Paula Blodinger
La transición energética como oportunidad de desarrollo regional: políticas,...
En el año 2009 se lanzó el programa de Generación con Energías Renova-
bles (GENREN), que consistió en subastas de potencia renovable. Las ofer-
tas recibidas fueron menores a la cantidad de potencia ofrecida por parte de
la administración nacional. Es por ello que en 2011 la Secretaría de Energía
dictó la resolución 108 con condiciones similares al GENREN. Sin embargo,
la incorporación de energías renovables fue escasa (Canafoglia, 2024). Los
obstáculos se encontraron a la hora de presentar los proyectos, ya que las
propuestas recibidas estuvieron por debajo de la cantidad de la energía ofer-
tada. Según Clementi et al. (2019), las principales causas fueron la falta de
garantías para asegurar el pago de los contratos y la débil imagen de ENAR-
SA Y CAMMESA ante los requerimientos de los inversionistas nacionales e
internacionales. Además se encontraron problemas a la hora de concreción
de los proyectos adjudicados. Recalde et al. (2015) hace énfasis en limitacio-
nes en el acceso a financiamiento, la alta carga tributaria y los altos montos
requeridos a los inversores por parte de las empresas adjudicatarias para
ingresar a los proyectos.
En 2016 se lanzó el programa RenovAr, que promovió rondas licitatorias
de subasta de energía en los años 2016, 2017 y 2019. Este programa tuvo
mayor éxito que el anterior en cuanto a la participación de proyectos, que
excedieron la disponibilidad de energía ofrecida. Mediante este mecanismo
se adjudicaron 4.467 MW de potencia distribuida en 147 proyectos en todo el
país: 41 solares fotovoltaicos (SFV), 34 eólicos, 18 de biomasa, 14 pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos (PAH), 36 de biogás y 4 de biogás de relle-
no sanitario (Kazimierski, 2021).
pero el sistema en general estuvo basado en el precio ofertado donde las
grandes empresas tenían mayor ventaja (Barrera et al., 2022; Castelao Ca-
ruana, 2019; Kazimierski, 2021). En el mismo sentido, Barrera y Serrani (2025)
sostienen que el diseño del programa RenovAr priorizó la captación de inver-
siones extranjeras y la rápida expansión de capacidad instalada por sobre el
desarrollo de capacidades industriales nacionales.
A la par de este programa, en el año 2017 se estableció el Régimen del
Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER), que
permitió a los grandes usuarios habilitados (aquellos con un consumo anual
igual o mayor a 300 KW) pudieran optar por un sistema de compra entre
privados o de autogeneración. Una vez habilitados, los generadores factu-
ran directamente a nombre del GUH en función del precio acordado entre
ambos. Como complemento, se desarrolló un programa de compras conjun-
tas coordinado por CAMMESA, que permitió a grandes usuarios de menor
escala agruparse para acceder al mercado a término. Los GUH que acceden
a este régimen pueden además solicitar los distintos beneficios fiscales es-
tablecidos en la ley 27.191
Este programa no incluye el desarrollo de proveedores, ya que se trata de
contratos entre privados con el objetivo de que los GUH puedan alcanzar
los objetivos de consumo establecidos en la ley 27.191. Se han presentado
numerosas iniciativas bajo esta forma regulatoria; sin embargo, el acceso al
financiamiento y las limitaciones en la disponibilidad de transporte siguen
obstaculizando su desarrollo.
La descripción del proceso a nivel nacional proporciona un marco general
del problema investigado. No obstante, en los distintos territorios subnacio-
nales pueden observarse divergencias tanto en la incorporación de nueva
capacidad renovable como en la participación de proveedores de insumos
de origen nacional y de empresas locales en los desarrollos. En el próximo
apartado se analizará en profundidad cómo estos programas y regulaciones
de fomento se materializaron en la provincia de Mendoza, qué actores estu-
vieron involucrados y cuáles fueron las principales limitaciones identificadas.
No obstante, la crisis económica que atravesaba el país profundizó las li-
mitaciones. A partir de abril de 2018, los proyectos se encarecieron nota-
blemente debido a la abrupta devaluación, que modificó los valores de los
insumos importados, y al aumento en el costo del capital, lo que limitó la
disponibilidad de financiamiento necesario, especialmente en los proyectos
de mayor tamaño (Barrera et al., 2022). A partir de 2019, se impusieron res-
tricciones al acceso a divisas, lo que dificultó aún más el pago a proveedores
extranjeros y el financiamiento con bancos internacionales (Barrera et al.,
2022), problemas que se agudizaron en los años siguientes.
2. La incorporación de energía renovable en Mendoza
En cuanto a la generación de capacidades industriales, Castelao Caruana
(2019) asegura que las leyes de fomento a las energías renovables persiguie-
ron objetivos de política energética y de política industrial difíciles de com-
patibilizar en el corto plazo, lo que condicionó la dinámica de inserción de la
industria local. Aunque la legislación vigente hace referencia a la existencia
de una cuota de Componente Nacional Declarado (CND) de los proyectos,
este aspecto solo se tuvo en cuenta para desempatar las adjudicaciones,
Mendoza posee una potencia instalada para la generación de energía eléc-
trica de 1.515 MW. La matriz eléctrica de la provincia está compuesta por cen-
trales térmicas de generación de ciclo combinado, de turbina a gas, turbo-
vapor y motor diésel, grandes centrales hidroeléctricas, PAH y parques SFV.
Más del 50% de la electricidad generada proviene de las 8 grandes repre-
sas que funcionan en su territorio. Otro 42% de la energía que se genera
corresponde a los distintos tipos de tecnologías térmicas, producidos por la
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