Año 11. Nº 23. Enero 2026  
Los desafíos de una reforma fiscal en la Argentina.  
Hay otro camino: apuntes para pensar una discusión  
urgente  
María Julia Eliosoff Ferrero  
Fundación Friedrich Ebert Argentina  
Alejandro Gaggero  
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia  
Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2025  
Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2025  
Con el cambio de gestión, a fines de 2023, la Argentina ha experimentado  
un nuevo giro en la orientación de sus políticas públicas, abriendo una etapa  
en la cual la discusión fiscal ha ganado protagonismo. Con una agenda cen-  
trada en el equilibrio fiscal y una redefinición drástica del rol del Estado, el  
gobierno ha sacudido la conversación sobre cuestiones como la función de  
la política económica, el grado de expansión de la intervención estatal frente  
al mercado o el modo en que bienes y servicios básicos deben ser cubier-  
tos. Dicha propuesta vino acompañada de un discurso que no solo reniega  
fuertemente del valor de la justicia social, sino que, incluso, la señala como  
una de las causas de la decadencia nacional. Este quiebre se produjo luego  
de más de una década de estancamiento económico, acompañado de un  
problema inflacionario cada vez más acuciante.  
Los problemas macroeconómicos, unidos a la persistencia de graves de-  
ficiencias en la eficacia distributiva del gasto público y un sistema político  
con rasgos de corrupción sistémica, agudizaron el descreimiento sobre el  
rol del Estado y su importancia en el cumplimiento de derechos sociales y  
económicos. Así, el clima de descontento hacia el sistema político derivó en  
el ascenso de una propuesta de extrema derecha que inicialmente puso su  
principal foco en la política fiscal.  
Con el diagnóstico explícito de que el Estado es el problema y no la solu-  
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María Julia Eliosoff Ferrero y Alejandro Gaggero  
Los desafíos de una reforma fiscal en la Argentina.  
ción, el Poder Ejecutivo instaló como eje de su política la obtención de su-  
perávit y la reducción de la inflación, y lo logró a través del mayor recorte del  
gasto público implementado desde la crisis de 2002. Como ya ha sucedido  
en otros momentos en la política fiscal, los cambios se llevaron adelante  
en un contexto de crisis, sin debates participativos y con un alto grado de  
discrecionalidad. Por primera vez desde el retorno de la democracia, el país  
funcionó durante dos años consecutivos sin Presupuesto aprobado por el  
Poder Legislativo. La prórroga presupuestaria se convirtió en una de las he-  
rramientas —junto con el uso de facultades delegadas, decretos de necesi-  
dad y urgencia y leyes aprobadas por el Congreso— que permitió al Poder  
Ejecutivo avanzar en su programa de ajuste fiscal. La distribución de esta  
reducción no fue uniforme y se vieron especialmente afectadas las partidas  
destinadas a los sectores más vulnerables, debilitando el carácter progresi-  
vo del gasto público. Un 50% del total del ajuste provino de la disminución  
de transferencias a Servicios sociales, destacándose el impacto en Jubila-  
ciones y Pensiones, Educación, Agua potable y alcantarillado, y Vivienda y  
urbanismo. También afectaron fuertemente a poblaciones especialmente  
vulnerables, por ejemplo, a partir del recorte a políticas de acompañamiento  
a mujeres víctimas de violencia de género (Asociación Civil por la Igualdad y  
la Justicia & Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2025) y personas  
con discapacidad, entre otras.  
La otra parte relevante de la agenda fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo  
fue la vinculada al plano impositivo. La fuerte disminución de la carga tribu-  
taria prometida, sostenida en una narrativa que considera que los impuestos  
son un “robo estatal”, no se concretó hasta ahora (Eliosoff & Izcurdia, 2024).  
Ante la prioridad de conservar el superávit, el gobierno restituyó el pago del  
impuesto a las ganancias para la cuarta categoría a los trabajadores y man-  
tuvo su dependencia de los gravámenes al comercio exterior. Sin embargo,  
en contraste, aplicó cambios que redujeron el principal impuesto nacional  
al patrimonio —Bienes Personales— y creó regímenes especiales para gran-  
des empresas y personas de altos ingresos: el Régimen de Incentivos para  
las Grandes Inversiones (RIGI - Ley 27.742), el Régimen Especial de Bienes  
Personales (REIBP) y el Régimen de Regularización de Activos (una amnistía  
fiscal, mal llamada “blanqueo” - Ley 27.743).  
regímenes de amnistía, sanciones reducidas, opacidad en beneficiarios y la  
ausencia de instrumentos eficaces para regular los precios de transferencia  
consolidan un escenario donde quienes más capacidad contributiva tienen  
pagan proporcionalmente menos. Los últimos cambios implementados por  
el gobierno no hacen más que reforzar la tolerancia social hacia el incumpli-  
miento que profundiza la desigualdad y consolida privilegios, trasladando  
el peso de la recaudación a los sectores asalariados y al consumo masivo.  
Finalmente, es imposible comprender la orientación actual de la política  
fiscal sin considerar el condicionamiento estructural que impone la deuda  
pública. El peso de los compromisos asumidos, particularmente con orga-  
nismos multilaterales como el FMI, restringe el espacio fiscal y orienta las  
decisiones presupuestarias hacia el cumplimiento de metas financieras an-  
tes que hacia la garantía de derechos. La priorización del servicio de la deuda  
tensiona la sostenibilidad social del ajuste, afecta la inversión en infraes-  
tructura y reduce la capacidad estatal para amortiguar crisis económicas y  
sociales (Bohoslavsky & Clérico, 2024). A su vez, la falta de transparencia  
en el proceso de endeudamiento, la ausencia de auditorías integrales y la  
dependencia de financiamiento externo reproducen un modelo que privile-  
gia intereses financieros por sobre el desarrollo inclusivo, profundizando la  
desigualdad territorial y social.  
Este escenario de reconfiguración profunda motivó la elaboración del do-  
cumento Hay otro camino. Una propuesta para una reforma fiscal justa1,  
producido por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE)2, una red  
conformada por investigadorxs, especialistas y organizaciones sociales que  
desde 2021 trabaja para democratizar y repolitizar la discusión fiscal en la  
Argentina. Frente a un programa económico que concentra sus esfuerzos  
en el equilibrio fiscal a cualquier costo, el documento propone una lectura  
alternativa3: analizar los impactos del ajuste desde una perspectiva orienta-  
da a la garantía de derechos y la reducción de la desigualdad, identificar los  
problemas estructurales de la política fiscal, y delinear un conjunto de refor-  
mas posibles para lograr mayor progresividad, transparencia y sostenibili-  
1- Se puede acceder al documento completo aquí: https://www.etfe.ar/_files/ugd/  
etfe.ar/_files/ugd/4cb570_5f5e4afd89ec44a6a40a6769c331fc26.pdf  
2- El ETFE es coordinado por La Fundación Friedrich en Argentina y la Asociación Civil  
3- El documento fue sistematizado por Noelia Mendez Santolaria; Malena Vivanco, Sofía  
Pasquini, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y María Julia Eliosoff, y es una síntesis  
de un proceso colectivo iniciado en abril de 2025, que transitó diversos encuentros de  
Además del sesgo regresivo en materia tributaria, la dinámica del abuso fis-  
cal representa otro pilar central para comprender el deterioro de la equidad en  
el sistema. La evasión y la elusión impositiva —especialmente entre grandes  
patrimonios y corporaciones (González, 2024) — constituyen un problema  
estructural que erosiona recursos públicos, limita la capacidad de financiar  
políticas sociales y debilita la legitimidad del sistema fiscal. La reiteración de  
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dad social y macroeconómica. La propuesta, entonces, se ancla en la noción  
de justicia fiscal como eje articulador; es decir, la política fiscal constituye  
una herramienta central para hacer efectivos los derechos, ya que sin recur-  
sos públicos suficientes estos no pueden garantizarse. Por lo tanto, resulta  
clave interrogar quiénes, cómo y cuánto financian al Estado y sus políticas,  
así como en qué, cómo y para qué se gastan esos recursos (Principios de  
Derechos Humanos en la Política Fiscal, 2021).  
de mecanismos sólidos de control social, transparencia y orientación redis-  
tributiva; esto derivó en un esquema regresivo, fiscalmente costoso y con  
efectos negativos sobre el sector externo. En este mismo sentido, resulta  
difícil analizar el gasto público sin considerar los ciclos de endeudamiento.  
En los periodos de mayor endeudamiento —como durante la última dicta-  
dura, la crisis de fines de los noventa y el lapso 2016-2019—, el país llegó a  
destinar más de 4 puntos del PIB al pago de la deuda, priorizando este rubro  
por encima de los servicios sociales. Este porcentaje es similar al destinado  
a los gastos tributarios, recursos que el Estado deja de recaudar al otorgar  
beneficios fiscales a ciertos sectores o actividades.  
En 2024, bajo la consigna del equilibrio fiscal, el gobierno redujo casi un  
30% el gasto público que afectó funciones esenciales —salud, educación, in-  
fraestructura, vivienda y cuidados— sin mecanismos de protección adecua-  
dos. Se eliminaron o licuaron programas sociales, se paralizaron obras y se  
recortaron subsidios, mientras se instauraron nuevos beneficios tributarios  
regresivos como el RIGI. El ajuste también alcanzó a las provincias, especial-  
mente en servicios sociales, y se sostuvo en un esquema presupuestario  
degradado, con prórrogas sucesivas que operaron como un mecanismo de  
recorte encubierto.  
En este sentido, desde el ETFE se considera que reorientar el gasto público  
para garantizar derechos y reconstruir la infraestructura social deteriorada  
requiere fortalecer las funciones esenciales del Estado —salud, educación,  
cuidados, vivienda, agua y saneamiento— mediante una asignación más  
equitativa y transparente de los recursos. También se propone que es ne-  
cesario recuperar la inversión pública estratégica, mejorar la calidad y la co-  
bertura de los servicios, y revisar de manera integral los gastos tributarios  
regresivos que reducen el espacio fiscal. Para ello, resulta central establecer  
mecanismos de control democrático, evaluación permanente y participación  
ciudadana que aseguren que el gasto responda a criterios de derechos hu-  
manos y no a privilegios sectoriales.  
Por el lado de la estructura tributaria argentina, observamos que arrastra  
desde hace décadas un sesgo regresivo: la mayor parte de la recaudación  
proviene de impuestos al consumo, mientras que los tributos sobre la rique-  
za y la renta concentrada tienen un peso relativamente bajo y están llenos de  
exenciones y tratamientos diferenciales. Esta configuración se profundizó  
en los últimos dos años, cuando la política fiscal avanzó hacia una mayor  
carga sobre salarios y sectores medios —como la restitución del impues-  
to a las ganancias para la cuarta categoría—, al tiempo que redujo contri-  
buciones sobre patrimonios elevados, impulsó nuevas amnistías y amplió  
regímenes especiales que consolidan privilegios fiscales. Lejos de corregir  
En este sentido, el documento4 defiende la idea de que la Argentina necesi-  
ta una reforma fiscal profunda, identificando los serios problemas estructura-  
les que no fueron debidamente atendidos durante las últimas décadas. Así,  
siguiendo el diagnóstico anterior, el texto se estructura en cuatro apartados  
orientados a temas centrales de la discusión fiscal; gasto público, impues-  
tos, evasión y abuso fiscal y deuda. Todos comparten una misma organiza-  
ción: una primera sección de diagnóstico, que contextualiza los problemas  
estructurales de la política fiscal que atravesaron los gobiernos a lo largo de  
la historia y profundiza en las medidas implementadas por la actual admi-  
nistración, y una segunda sección destinada a proponer medidas concretas.  
Esta lógica responde a una convicción central: no alcanza con describir las  
deficiencias y retrocesos tanto de larga data como los recientes, sino que es  
necesario también delinear alternativas viables que puedan discutirse pú-  
blicamente y convertirse en ejes de acción política y social. En lo que sigue  
presentamos las principales propuestas de cada uno de los apartados del  
documento, con el objetivo de contribuir a un debate de propuestas concre-  
tas, pero sin dejar de lado la orientación política que pretenden.  
Hay otro camino. Propuestas para una reforma fiscal justa  
El primer eje que plantea el documento del ETFE se vincula al gasto público.  
Allí se sostiene que debe ser equitativo y transparente, orientado al cumpli-  
miento de los derechos humanos y debe estar libre de privilegios injustifica-  
dos (Gaggero et al., 2024). Durante las últimas dos décadas, el gasto público  
vivió un proceso de fuerte expansión, pasando de representar el 30% del PBI  
a inicios de los 2000 a un pico de 47,3% en 2016. Si bien gran parte de ese  
aumento se concentró en ampliar políticas sociales, otras partidas que mos-  
traron incrementos relevantes –como los subsidios económicos– carecieron  
4- Para un antecedente de este documento, puede ver “10 propuestas  
de política fiscal para una sociedad más equitativa”: https://www.etfe.  
ar/10-propuestas  
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María Julia Eliosoff Ferrero y Alejandro Gaggero  
Los desafíos de una reforma fiscal en la Argentina.  
desequilibrios históricos, las decisiones recientes reforzaron la dependencia  
del consumo y del comercio exterior, debilitando la progresividad y la capaci-  
dad redistributiva del sistema tributario. En este sentido, decisiones como el  
Régimen de Regularización de Activos, los beneficios otorgados por el RIGI  
y el Régimen Especial de Bienes Personales funcionan como blindajes para  
los altos patrimonios y grandes empresas.  
En este marco, el documento propone reconfigurar el sistema impositivo  
para que contribuya efectivamente a reducir desigualdades y sostener dere-  
chos. En primer lugar, fortalecer la tributación directa, para que paguen más  
quienes más tienen. Específicamente, la iniciativa busca apuntalar la tributa-  
ción patrimonial, ampliando la progresividad de los impuestos sobre la renta  
y limitando los mecanismos que permiten a los sectores de alta capacidad  
contributiva aportar por debajo de su potencial; en el mismo sentido, amor-  
tiguar el sesgo regresivo de los impuestos indirectos y mejorar la eficiencia.  
De esta manera se reduce el peso de los impuestos al consumo y se intenta  
corregir distorsiones que afectan de manera desproporcionada a los hoga-  
res y a las actividades más pequeñas.  
Los últimos lineamientos se orientan a revisar y transparentar los gastos  
tributarios, que actualmente funcionan sin evaluación ni discusión democrá-  
tica; a fortalecer la administración tributaria ampliando y modernizando su  
capacidad de fiscalización; y a consolidar la cooperación internacional, indis-  
pensable en un contexto de prácticas de evasión transnacional que ningún  
país puede enfrentar de manera aislada.  
En lo que refiere a abuso fiscal, las propuestas apuntan a combatir la eva-  
sión y la elusión mediante más transparencia, mecanismos de cooperación y  
mejor regulación. Este es un problema estructural, que erosiona la recauda-  
ción y profundiza inequidades (debido a la pérdida de recaudación originada  
en el incumplimiento de los sectores de mayores ingresos). Durante las úl-  
timas décadas, la Argentina convivió con niveles persistentemente altos de  
evasión, fenómeno que es resultado de debilidades institucionales, arquitec-  
tura tributaria que habilita excepciones, amnistías recurrentes y cultura fiscal  
caracterizada por la tolerancia hacia el incumplimiento.  
publicación y evaluaciones sistemáticas de gastos tributarios. Para que el  
Estado pueda fiscalizar de manera eficiente, es necesario contar con infor-  
mación patrimonial robusta y la cooperación internacional es clave para ello:  
se necesita el intercambio de datos y herramientas para detectar prácticas  
abusivas complejas.  
El último eje imprescindible para comprender la política fiscal argentina es  
el endeudamiento. La deuda pública opera como un condicionante estructu-  
ral que restringe de manera continua la capacidad del Estado para sostener  
políticas que garanticen derechos humanos. Cuando los pagos de intere-  
ses y capital se vuelven prioritarios, el espacio fiscal disponible para salud,  
educación, vivienda e infraestructura se reduce drásticamente. La historia  
reciente ofrece patrones recurrentes: en los ciclos de mayor endeudamiento  
—la última dictadura, la crisis de fines de los 90 y el período 2016-2019— el  
servicio de la deuda desplazó sistemáticamente el financiamiento de funcio-  
nes sociales esenciales, comprometiendo el desarrollo a largo plazo.  
Así se sostiene que la deuda no es (solo) un problema financiero: configu-  
ra un dispositivo de disciplinamiento económico y político. Al subordinar la  
agenda interna a las exigencias de los acreedores, redefine los márgenes  
de decisión democrática y profundiza la dependencia externa. La necesidad  
permanente de generar divisas para cumplir con los compromisos refuerza  
un patrón productivo primarizado y extractivo, alineado con intereses geopo-  
líticos que limitan la posibilidad de construir un modelo de desarrollo autó-  
nomo, diversificado y sostenible. Hoy se suma el creciente endeudamiento  
de los hogares, que frente a la caída de ingresos funciona como mecanismo  
de sostén del consumo básico, pero aumenta su vulnerabilidad, la centrali-  
dad de los hogares en el cuidado y limita la recuperación económica.  
Las propuestas buscan recuperar soberanía fiscal y capacidad de decisión  
democrática en los temas de endeudamiento. Esto implica impulsar audito-  
rías integrales que permitan conocer el origen y la legitimidad de los compro-  
misos asumidos; aliviar la carga de los vencimientos críticos bajo criterios de  
sostenibilidad basados en derechos humanos; y fortalecer la estrategia in-  
ternacional mediante alianzas regionales y globales que disputen las reglas  
actuales del endeudamiento soberano. La deuda debe ser evaluada por su  
impacto en el bienestar y en el desarrollo nacional, y no solo por su viabilidad  
financiera.  
El último gobierno profundizó esta dinámica a través de los regímenes ya  
mencionados. Así, se consolidaron mecanismos que permiten a los grandes  
patrimonios y a grandes empresas reducir, postergar o directamente evitar  
sus contribuciones fiscales.  
En este marco, las propuestas buscan desmontar la estructura de privile-  
gios y avanzar hacia un sistema fiscal más democrático y transparente. Se  
propone limitar las amnistías y beneficios extraordinarios, regular los regí-  
menes especiales para que no operen como blindajes fiscales y avanzar en  
Hay otro camino ofrece alternativas, ancladas en la noción de justicia fiscal,  
que resultan especialmente relevantes para el campo de la economía, donde  
habitualmente el análisis se centra en la sostenibilidad macroeconómica y  
la eficiencia antes que en los actores ganadores y perdedores de esas po-  
líticas. Incorporar la justicia fiscal como criterio analítico permite interrogar  
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Los desafíos de una reforma fiscal en la Argentina.  
quiénes financian al Estado, quiénes se benefician de sus decisiones y cómo  
la estructura tributaria y del gasto moldea desigualdades y oportunidades.  
Pensar la política fiscal desde esta perspectiva amplía la mirada hacia una  
dimensión distributiva y democrática de lo económico, condición necesaria  
para vincular la estabilidad con el bienestar social y la construcción de un  
horizonte de buen vivir.  
edu.ar/dcs/article/view/18534  
González, D. (2024). La evasión en los países americanos a través de los  
paraísos fiscales: beneficios corporativos y activos financieros. Centro Inte-  
ciatblog-la-evasion-en-los-paises-americanos-a-traves-de-los-paraisos-fis-  
cales-beneficios-corporativos-y-activos-financieros/  
Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal (2021). Principios de  
derechos humanos en la política fiscal. Derechos y Política Fiscal. https://  
derechosypoliticafiscal.org/images/ASSETS/Principios_de_Derechos_Hu-  
manos_en_la_Politica_Fiscal-ES-VF-1.pdf  
Referencias bibliográficas  
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) & Equipo Latinoameri-  
cano de Justicia y Género (ELA) (2025). Presupuesto 2026: los programas  
destinados a prevenir y atender la violencia de género caen un 89% desde  
supuesto-2026-los-programas-destinados-a-prevenir-y-atender-la-violen-  
cia-de-genero-caen-un-89-desde-2023/  
Bohoslavsky, J. P. R. & Clérico, M. L. (2024). ¿Por qué la región necesita más  
“derechos humanos” en la deuda? En Deuda y derechos humanos: Claves  
desde el sistema interamericano (pp. 27–58). Editorial de la Universidad Na-  
log/view/2602/7338/11839-1  
Eliosoff, M. J., & Izcurdia, J. (2024). ¿Robo o redistribución? Los impuestos y  
la obligación de movilizar recursos en el gobierno de Milei. Derecho y Cien-  
cias Sociales (Número especial: Economía y Derechos Humanos. La ame-  
naza recargada del neoliberalismo), 331-363. Instituto de Cultura Jurídica y  
Maestría en Sociología Jurídica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  
le/10915/174871/Documento_completo.Eliosoff+-+Izcurdia+pg+331-363+LCC.  
pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sedici  
Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad [ETFE] (2023). 10 propuestas de  
política fiscal para una sociedad más equitativa. https://www.etfe.ar/10-pro-  
puestas  
Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad [ETFE] (2025). Hay otro cami-  
no. Propuesta para una reforma fiscal justa. Buenos Aires. https://www.etfe.  
ar/_files/ugd/4cb570_f239fc8e637947f39054d31338976937.pdf  
Gaggero, A., Levin, J., Matamoros, M. & Custódio David, G. (2024). Los de-  
rechos humanos frente al ajuste fiscal: El caso de Argentina bajo la presi-  
dencia de Milei. Derecho y Ciencias Sociales, (Número especial: Economía  
y Derechos Humanos), 143–168. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en  
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